Los sindicatos CSIF y USO denuncian que la pésima gestión de los responsables municipales de Los Alcázares en esta legislatura demuestra que les importa poco la seguridad de los ciudadanos y produce una gran pérdida en la calidad del servicio público que se presta por la Policía Local.

Las secciones sindicales del Ayuntamiento de Los Alcázares llevan tiempo comunicando al  Sr. Alcalde que existen multitud de anomalías en la Policía Local que provocan que los servicios que se ofrecen a los ciudadanos no sean los adecuados, obteniéndose el silencio y la dejadez como respuesta.

La política de personal que está siguiendo Anastasio Bastida demuestra su forma de dirigir el Ayuntamiento, ya que se han tramitado más expedientes disciplinarios en sus 3 años de gobierno que en los 27 anteriores de existencia del municipio.

Esta situación ha obligado al Ayuntamiento a realizar una comisión de investigación por acoso laboral en el seno de la Policía Local, cuyos miembros se sienten perseguidos y amedrentados al realizar su trabajo, teniendo conocimiento los Juzgados de algunos de estos casos y habrá que esperar para saber cómo se resuelven.

Asunto llamativo son las “Normas de actuación ante un atraco” establecidas por el Ayuntamiento a los policías al haberse ordenado por escrito que “Nunca” “Intente apresar o desarmar al atracador” y que “No interrumpa su huida ni emprenda su persecución”, entre otras indicaciones que tienen como factor común el que “Permanezca absolutamente pasivo”, protocolo que ha sido denunciado por estos sindicatos al igual que el resto de asuntos.

Encontrándonos en alerta policial nivel 3 en España por riesgo alto de atentados y estando caducados todos los chalecos antibalas que disponen los policías locales, salvo alguno que lo hace este mismo mes, la respuesta ha sido la orden de que se sigan usando los chalecos antibalas aunque estén caducados, demostración de lo que se valora a este colectivo.

Además, desde hace más de tres años, el Sr. Alcalde lleva incorporando a la plantilla de Los Alcázares policías venidos de otros lugares en vez de crear puestos de trabajo en el municipio. El aumento se nota sobre todo en las oficinas, donde han pasado de 2 policías que había al inicio de legislatura a 9 que hay actualmente, mientras en la calle sólo existen 25 efectivos que tienen que hacer parte del trabajo de la oficina a pesar de los niveles delincuenciales de la zona. El resultado es claro, los ciudadanos sufren las carencias de personal.

Los policías no cuentan con un sólo peto reflectante con la homologación necesaria como exige la normativa para regular el tráfico, siendo también obligatorio el llevar uno en el coche para todos los conductores a los que habría que denunciar si les ocurriese lo mismo que a ellos, mayor incongruencia no cabe.

La flota de vehículos está muy deteriorada y sufre continuas visitas al taller, llegando incluso a provocar situaciones en que los policías quedan esperando un vehículo libre para empezar a trabajar. Otra vez más, la gestión reduce el personal en la calle.

Las motocicletas policiales no pueden ser usadas desde hace casi un año por carecer de los medios obligatorios que establece la normativa vigente. Se ha optado por prescindir de un servicio tan importante en algunas situaciones antes que equipar adecuadamente a los agentes.

Tampoco se cuenta con un sistema de comunicaciones adecuado, con interferencias, zonas sin cobertura, baterías rotas y antenas partidas, habiéndose adquirido 11 walkie talkies que han sido entregados a los 7 mandos del Cuerpo y quedando a la espera de saber cómo se distribuyen los 4 restantes entre los 27 agentes.

El único etilómetro evidencial para realizar las pruebas de alcoholemia, estuvo más de 7 meses para los trámites de verificación, hasta que los sindicatos denunciaron la situación en la Fiscalía de Seguridad Vial y en la Jefatura Provincial de Tráfico ante la “dejadez” por parte de la Administración.

Además, desde diversas fuentes se intenta difamar la situación de los policías locales haciendo creer que con todas estas reivindicaciones solamente pretenden una subida salarial, siendo rotundamente falso ya que jamás han pedido ningún aumento de sueldo, si bien se ha exigido que se respete el acuerdo firmado por el actual equipo de Gobierno, con firmas de los Concejales de Policía y Personal que avalaron en su día la regulación. Los continuos incumplimientos por parte de la Administración han dado lugar a varias demandas en los Juzgados, habiendo sido condenado el Ayuntamiento en algunas de ellas tras apreciarse judicialmente que se había actuado ”de mala fe”, quedando pendientes varios juicios más.

En resumen, el Sr. Alcalde, Anastasio Bastida, ha provocado una situación insostenible demostrando, cuando menos, nefasta gestión y gran dejadez para solucionar los problemas que él mismo ha generado en la Policía Local. Los sindicatos piden que urgentemente se cambien las políticas seguidas para poder servir a la ciudadanía de una forma eficaz.