La Unión Sindical Obrera – USO – de la Región Murciana tras la publicación por el Ministerio de Trabajo e Inmigración en el día de ayer de la Estadística de los Expedientes de Regulación de Empleo relativos a nivel nacional del mes de Octubre, lamenta la escalada continua de los mismos en la Región. Concretamente se han comunicado 48 Expedientes nuevos en la Comunidad de Murcia, con lo que el número total en los 10 primeros meses del año se eleva a 585, frente a los 395 del año anterior.

En cuanto a los trabajadores afectados en nuestra Comunidad por los expedientes comunicados en el mes de Octubre han sido 686, la cifra más alta desde mayo pasado, lo que  hace contabilizar un total de 6.262 trabajadores afectados en el periodo de Enero a Octubre del 2.012, que comparativamente con el mismo periodo del año anterior supone una subida porcentual del 62%, solamente superada por la Rioja con un alza del 92%, Extremadura con el 103%, Castilla y León con el 137% y el País Vasco con el 138%. El Resto de Comunidades lo hace en porcentajes muy inferiores e incluso descienden en las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Si se toman las cifras de los últimos 12 meses los trabajadores afectados han sido 7.396, desglosándose por clases de Eres, en 1.900 por lo de Extinción de Contrato, 1.982, de Suspensión de Contrato, y 3.414 de Reducción de Jornada y Salario, que hace que en esta última modalidad la subida haya sido del 147%. Murcia el lugar nº 14 de entre las 50 Provincias por el mayor número de trabajadores afectados en Octubre.

Ante la gravedad de estos datos, que suponen una verdadera radiografía de la situación Económica-Laboral tan lamentable de la Región, y dado que se puede terminar este año con una cifra que ronde los 8.000 trabajadores afectados, USO pide una vez más, una vuelta atrás a la legislación de la Reforma, donde se exija un mayor rigor en la aprobación de los mismos para que puedan cumplir la función social con que se legisló en su día, y que no sea motivo de coartadas para encubrimientos de generalizar los descensos de los beneficios entre todos, y lo que es más grave como base jurídica económica para justificar los despidos posteriores.